Y quieren tirar la escalera de una patada
(publicado en TROPO a la uña No.32, marzo-abril 2004)
Mientras la población se entretiene consumiendo literatura de superación personal, otros planean el hundimiento nacional.
Tengo la manía de consignar en los libros el momento en que los adquirí o recibí. Es así que uno de los más esclarecedores textos de economía que ha caído en mis manos ubica lugar y fecha: NY, octubre 19751, y con ello cuándo me fue dado saber con singular precisión qué consecuencias traería para nuestro país cada nueva deuda que éste adquiría con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El desconocido libro versa sobre los esfuerzos de las naciones del Sur por ganar algún control sobre sus propias economías y el papel que ha jugado el Fondo —con ayuda de su entidad gemela, el Banco Mundial— en frustrar dichos intentos. Al final del inquietante texto, la autora se disculpa por no ofrecer sugerencias para que cambie la manera de operar del FMI porque, explica, para lograrlo sería preciso que el Fondo rompiera su Constitución y se tornara en otro ente completamente distinto. Sería utópico pensar que el guardián del sistema cambiara de bando.
Lo que mejor ilustra la relación del FMI y Banco Mundial con los países “en desarrollo” es pensar en los préstamos en términos de una droga. El país receptor desarrolla una dependencia tal como si se tratara de un individuo que se hace adicto a un potente alcaloide. Sus necesidades crecen y se ve enfrascado en un círculo nada virtuoso.
Pero el país dependiente recibe también, con cada dotación, un abanico de recetas a seguir —que si poner a flotar el peso, que si reducir el déficit fiscal, que si privatizar todo lo imaginable— si es que quiere acceder a nuevos préstamos (lo que bien se sabe que será).
En este convulsionado escenario, de países dependientes —entrampados con su deuda— que obedientes coexisten con unas pocas economías fuertes, aparece la hoy célebre Organización Mundial del Comercio (OMC), como sucesora de un acuerdo puramente comercial2 que anteriormente regía el comercio entre países.
Estando las cosas como están, quiero decir, cuando se entiende que las economías del Norte y sus empresas multinacionales buscan no sólo vendernos su sobreproducción sino ampliar su espacio vital, queda claro por qué requerían nuevas negociaciones sobre “comercio”3 que rebasaran —justamente— el concepto comercio.
Con la misma retórica del “libre comercio” que, en su forma primigenia significa que si cada nación se dedica a producir aquello para lo cual tiene ventajas comparativas con relación a las demás, habrá un mercado global que permitirá que todo mundo salga ganando porque cada país se beneficiará de la alta productividad de los demás. Con la misma retórica, digo, se ha decidido que los países del Norte serán los graneros del mundo, los dueños de los servicios, y los amos de las nano y biotecnologías, mientras los del Sur habrán de convertirse en una gran maquiladora.4
Así, México estaría destinado a casi dejar de producir maíz —en sus múltiples variedades que ha ido mejorando a lo largo de siglos— porque resulta que sale caro si se compara con el (mal) maíz norteamericano que recibe un fenomenal subsidio del Estado. A nuestro gobierno no le interesa subsidiar a los pequeños agricultores. Eso es historia. Hoy nos toca —cabe destacar que nuestros obedientes negociadores están convencidos de ello— ser consumidores de cuanta cosa nos quieran vender y productores de bien poco. Una rara ecuación.
Para impulsar el trabajo de cada quien y para el “beneficio de todos”, en 1995, a la orilla del lago de Ginebra, nació formalmente la OMC. Sin perder el tiempo se empezó a negociar en París5 el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), que, en palabras altaneras de Renato Ruggiero6 se contemplaba como “la Constitución de una economía mundial unificada” .
Como la mayoría de los tratados internacionales, el AMI establecía una serie de derechos y obligaciones pero, a diferencia de otros acuerdos, en él los derechos estaban reservados para las empresas mientras que todas las obligaciones eran para los gobiernos (y para quienes ellos representan). Digo estaban y eran porque en esa ocasión la OMC y la OCDE no salieron con la suya con todo y que las negociaciones se hacían en lo oscurito, en virtud de que el rechazo que encontró en la enterada sociedad civil de Europa fue total.
Sin embargo, si bien esta versión de “Constitución de una economía mundial unificada” no prosperó, su espíritu sigue rondando y es una verdadera amenaza. Aparece clonada en nuevos acuerdos mediante los cuales se busca conceder el derecho absoluto a los inversionistas para comprar terrenos, recursos naturales, el agua, los hospitales, servicios de telecomunicaciones, bancos u otros, administrar puertos y caminos, en corto, a que inviertan sin restricción alguna y con el “pleno goce” de esas inversiones.
Se busca —como lo ha venido “recomendando” el FMI desde tiempo ha— que los gobiernos privaticen todo. Y en ese tenor, si un gobierno privatiza, por así decirlo, el agua o los aeropuertos, la clínica 20 de noviembre del ISSSTE, las franjas costeras y los cenotes, la energía eléctrica, la petroquímica o el petróleo mismo, deberá ofrecer a los postulantes del resto del mundo las mismas condiciones de acceso que a un inversionista nacional.
Ah sí, pero las “mismas condiciones de acceso” derivan de un supuesto marco de libertad del mítico “libre comercio”. En materia de inversiones, por ejemplo, iría así: un también mítico inversionista boliviano puede ir a Texas a comprar los yacimientos de gas si quiere y puede, y claro, inversionistas norteamericanos —esos ya no tan míticos— son igualmente libres de adquirir los yacimientos bolivianos de gas. Al comprometerse vía el AMI, tanto Estados Unidos como Bolivia privilegiarían al nuevo inversionista con prerrogativas nunca antes soñadas.
No obstante haber sido rechazado el funesto Acuerdo (Francia jugó papel líder para sacarlo de la agenda de entonces) su esencia, como decía, impregna a la OMC. Con o sin AMI —para muestra, véase el TLCAN7 y el GATS8— se busca dar fuero a las empresas multinacionales y a los inversionistas para demandar directamente a los gobiernos para obtener indemnizaciones por daños y perjuicios por casi cualquier política o acción pública que tenga como efecto disminuirles sus ganancias. Por vía de ejemplo, si se organiza una campaña continental contra los transgénicos, Monsanto podría reclamar pagos a cada uno de los gobiernos. Y vaya, esto que describo no es —como podría bien parecer— la intriga de una novela de ciencia ficción sobre el futuro totalitario del capitalismo. No, es justamente una de las lindezas que aparece clonada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)9.
El ALCA es un acuerdo de “libre comercio” que en su espíritu —de pillaje— se asemeja bastante al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que ahora se está negociando para incluir a todos los países del hemisferio americano excepto Cuba. Si se aprueba, sus disposiciones afectarán la producción, los servicios, la educación, la salud, la cultura, la biodiversidad, la propiedad de la tierra, el agua, los recursos naturales, nuestro bienestar. Veremos cómo se privatizan los espacios y las actividades públicas que aún permanecen, y posiblemente nos veremos enfrentados a formas de represión hasta ahora inexistentes. En contraste, los capitales e inversionistas trasnacionales recibirán diversas formas de protección y garantías hasta el momento desconocidas.
Como se ve, el comercio es un ingrediente menor de los tratados de “libre comercio”. Bajo el TLCAN, los cálculos son que dos terceras partes de lo que se denomina comercio entre Estados Unidos y México en realidad son traslados de la misma empresa. Es lo mismo que si General Motors traslada sus autopartes de Indiana a Illinois y luego las regresa.
En fin. De aprobarse el ALCA, ya no será inversión sólo el dinero y los bienes materiales que se instalen con fines productivos o comerciales en un determinado sitio. Lo podrán ser también la propiedad intelectual, el prestigio, y hasta las ganancias esperadas. Incluso, bastará que alguien se apropie de un bien o recurso —inclusive sin gastar un dólar— para que éste se convierta en una inversión. Por ejemplo, la privatización del agua en Chile se hizo mediante el otorgamiento jurídico y sin mediar pagos. Una empresa española es hoy dueña de cerca del 80% del agua de Chile, sin haber pagado por ella ni un solo espejito, cortesía del Estado chileno. No importa la gratuidad. Es una inversión, y como tal, lo grave es que bajo el ALCA se vuelve irreversible (igual que el agua de Cancún e Isla Mujeres), y ya sus dueños podrán reclamar compensaciones de no obtener los rendimientos esperados.
Ya para concluir, hay que hacer notar que los países que a través de la OMC impulsan los acuerdos como el AMI fueron (y son) los más acérrimos protectores de su industria y sus recursos. Estados Unidos, que yo sepa, no ha puesto en venta su agua pero sí se acogió al proteccionismo en la época más crucial para su industrialización basada en el oro blanco (algodón). Protegió su industria y su comercio de los ingleses y pirateó su tecnología para desarrollar la economía más rica del mundo. Y antes Inglaterra impuso su dominio textil hasta en la India de donde se había apropiado de importantes tecnologías (pensar que la industria textil de la hoy paupérrima Dacca era tan fuerte que los propios ingleses re referían a esta ciudad como el “Manchester de la India”).
El proteccionismo fue un elemento crucial, casi sin excepción, en el desarrollo de todas las economías más exitosos del primer mundo. Ahora los países avanzados intentan evitar que otros utilicen estas mismas estrategias para crecer, de manera que han desarrollado todo tipo de formas de evadir las reglas de la OMC (que ellos diseñan). Para los poderosos, aceptar estas reglas es opcional. Si no lo desean, no lo harán. Y en este sistema no cabe duda de que Estados Unidos es el jugador dominante.
Para ilustrar el argumento, recordemos que hace unos años la Unión Europea presentó un caso ante la OMC quejándose del embargo estadounidense contra Cuba, y en particular de los aspectos de ese bloqueo que permiten imponer penas al comercio de terceros países con la isla. No hay duda de que la OMC tendría que haber fallado a favor de la Unión Europea, ya que se trata de una clara violación a las reglas de la organización.
Pero el paladín del “libre comercio” (y de los derechos humanos) simplemente informó a la OMC que es una política de seguridad nacional que parte desde 1959 y está destinada a derrocar al régimen en Cuba —argumento claro y preciso— y que ninguna potencia extranjera tiene el derecho de interferir con la política estadounidense.
El caso más extremo de estas maniobras para imponer reglas a todos los demás, menos a los encargados del modelo, son las propuestas para la protección de la propiedad intelectual, conocidas dentro de la OMC como TRIPS. Estas propuestas obligan a los países en desarrollo a respetar las patentes desarrolladas en Estados Unidos y otros países avanzados para la mayoría de las medicinas, procesos industriales y alta tecnología, y son claves para mantener el llamado »libre mercado» bajo control de los integrantes del gobierno mundial de facto. Y Estados Unidos busca —en ello coincide con la Unión Europea— que los países en desarrollo eliminen aranceles sobre importaciones agrarias, mientras a los ricos se les permite subsidiar su agricultura.
En resumidas cuentas, los países del Norte hacen todo lo posible por evitar que países del Sur hagan lo que ellos hicieron para llegar a ser primer mundo. Esto es lo que se llama en la literatura especializada “tirar la escalera de una patada”. Primero uno sube por la escalera, y después la arroja para asegurar que nadie más pueda subir.
Notas:
1.Payer, Cheryl The Debt Trap: the International Monetary Fund and the Third Word, publicado bajo el sello de Monthly Review Press, N.Y., 1974 (casi 30 años antes de que el Nobel Joseph Stieglitz denunciara los hechos mientras consumados).
2.Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT), un pacto que data de 1947 y que gobernaba las tarifas y cuotas de bienes en el comercio internacional.
3.En la Ronda de Uruguay el GATT hizo las veces de caballo troyano. La Ronda de siete años, que comenzó en 1986, ayudó a los países del Norte y a sus multinacionales a conseguir una mayor liberalización en los sectores en los que tenían “ventaja comparativa”, como servicios, e introdujo derechos de propiedad intelectual y otras medidas protectoras para las actividades de las multinacionales.
4.La razón es que en el llamado “libre comercio” el capital se puede mover a donde le plazca pero la mano de obra se queda donde está.
5.En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es el club de los países ricos y al cual México fue colado por Carlos Salinas.
6.El primer Director General de la OMC.
7.Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde el 1 de enero de 1994.
8.Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
9.El ALCA fue inicialmente propuesto en 1994 por Bush padre. Las negociaciones deben terminar el 31 de diciembre de 2004, luego los parlamentos han de aprobar o rechazar el Acuerdo en su totalidad durante 2005, de forma que —si la sociedad civil lo permite— entre en vigencia el último día del año de 2005.